El fiscal Gerardo Pollicita requirió al juez federal Ariel Lijo la adopción de una serie de medidas de prueba en la investigación por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras la denuncia originada por el vuelo realizado a Punta del Este junto a su familia y al periodista Marcelo Grandio de la TV Pública, según informaron fuentes judiciales.
El requerimiento a cargo de Pollicita, quien aún no imputó a nadie, se fundamenta en la existencia de motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial de Adorni, de acuerdo al expediente que tramita el juez Lijo. La primera etapa del pedido, confirmada por funcionarios judiciales, incluye oficios a los registros de la propiedad bonaerense y porteños para identificar bienes que puedan estar registrados a nombre de Adorni o de su esposa Julieta Bettina Angeletti.
En la lista de requerimientos, el fiscal también solicitó información a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios sobre la titularidad de vehículos.
Entre otras medidas, los investigadores buscan establecer la identidad registrada para el pago de expensas de la vivienda en el Country Indio Cuá Golf, partido de Exaltación de la Cruz, y verificar eventuales cuotas sociales, pagos extraordinarios o permisos de obra atribuidos a los imputados en ese distrito.
Qué se investiga
Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio de Adorni habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal.
La diputada señaló “severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a $16.000.000”.
A estos movimientos se suma la incorporación de USD 24.500 en efectivo, cuya procedencia se habría justificado formalmente mediante “mutuos”, es decir, préstamos, con su madre y una tía.
La presentación inicial también menciona dos viajes recientes de Adorni. Uno a Nueva York como miembro de la comitiva presidencial, acompañado por su esposa, con cobertura de gastos cuestionada. El segundo, a Punta del Este en un avión privado, quedó vinculado a otra causa penal que tramita en el mismo juzgado de Lijo.
