Casi un centenar de intendentes de todo el país quedaron procesados este jueves en una causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos.
En la causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.
La medida salpica a Lobería, dado que la ex Intendente de Lobería Diana Argüello es una de las procesadas junto a otros 25 jefes comunales bonaerenses, de acuerdo a lo informado por Infobae.
Para explicarlo, en términos judiciales, la decisión de procesamiento se da habiéndose acreditado la existencia de un hecho constitutivo de delito, sobre quien se tiene fundadas sospechas de que sea: autor, cómplice o encubridor de dicho delito.
El juez Claudio Bonadio resolvió procesar a 92 intendentes de distintas comunas. El magistrado federal también dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.
«Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas respecto de la mayoría de igual manera por la Alzada», sostuvo la resolución a la que accedió el medio Infobae.
El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero Bonadío sostiene que la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).
Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales», según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.
Bonadio citó a indagataria a un centenar de intendentes que habían aplicado esos programas. Es que los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional al municipio que llevara adelante tales medidas a favor del Medio Ambiente, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a cada programa. Luego, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación aprobaba el informe y luego se realizaba la transferencia de fondos.
Los nombres de los intendentes procesados de la provincia de Buenos Aires
Pablo Zurro (Pehuajó) , Ricardo Casi (Colón), Walter Torchio (Carlos Casares), Alfredo Fisher (Laprida), Francisco Iribarren (Florentino Ameghino), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Francisco Echarren (Castelli), Francisco Durañona y Vedia (San Antonio de Areco), José Medina (General Arenales) , Marcelo Skansi (Carmen de Areco), Carlos Racciatti (Lezama), Juan Carlos Bartoletti (General Viamonte), Francisco Gutiérrez (Quilmes), José Inza (Azul), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem), María Gianini de Lafleur (Carlos Tejedor), Gastón Arias (Brandsen), Néstor Álvarez (Guaminí), Diana Argüello (Lobería), Héctor Olivera (Tordillo), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Jorge Eijo (General Belgrano), Martín Caso (Rojas), Gustavo Walker (Pila), Gustavo Trankels (Tornquist), Marcos Luis Fernández (Monte Hermoso), Enrique Tkacik (Hipólito Yrigoyen), Marta Médici (Alberti) y Ricardo Curetti (Carmen de Patagones).
Fuente: Infobae.
